El impuesto de transmisiones patrimoniales es un tributo que debes pagar a Hacienda cuando realices transacciones de compraventa de bienes muebles o bienes inmuebles.
La recaudación del impuesto de transmisiones patrimoniales está a cargo de las Comunidades Autónomas y establecen las condiciones de pago. El total del impuesto por lo general es un porcentaje del valor real del bien adquirido.
La reclamación económico-administrativa es un procedimiento gratuito para impugnar decisiones de Hacienda cuando crees que se han equivocado. Tienes 1 mes desde la notificación para presentarla, no necesitas abogado y la resuelve un tribunal independiente. Debes explicar claramente tu caso, aportar pruebas y ser específico en lo que pides. Aunque debería resolverse en 1 año, suele tardar más. Si te deniegan la reclamación, puedes seguir reclamando por otras vías. Es tu derecho como contribuyente y puede ahorrarte mucho dinero.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como realmente es el nombre. Está formado por tres impuestos diferentes, que son: operaciones societarias (OS), actos jurídicos documentados (AJD) y transmisiones patrimoniales onerosas (TPO).
Este es un impuesto indirecto el cual afecta a las personas jurídicas y físicas y grava lo siguiente:
El impuesto sobre transmisiones patrimoniales se encuentra regulado en el Real Decreto legislativo 1/1993, de fecha 24 de septiembre. También está regulado por el reglamento del impuesto en el Real Decreto 828/1995, con fecha 29 de mayo.
Este impuesto también se basa en lo establecido en la Ley 22/2009, con fecha 18 de diciembre. Esta regula el sistema de financiación perteneciente a las Comunidades Autónomas.
Las operaciones societarias están relacionadas con la constitución, disminución o aumento del capital, la disolución, fusión o escisión de sociedades. También incluye como hechos imponibles los aportes que hagan los socios para reparar pérdidas sociales.
El impuesto que se aplica a las operaciones societarias es de un 1 %. Este impuesto debe ser pagado por las empresas con sede en España.
Los actos jurídicos documentados son los documentos mercantiles, administrativos o notariales que se formalicen en el territorio español. También se incluyen los que se formalicen en el extranjero, pero con efecto en España.
El impuesto actos jurídicos documentados también se aplica de forma diferente en cada Comunidad Autónoma. El total se encuentra entre el 0,5 % y el 1,5%.
Las transmisiones patrimoniales onerosas son cuando se transfieren títulos o bienes que son muy costosos, pero no pagan IVA. Este proceso se hace entre particulares puede ser préstamos, fianzas, arrendamiento, compraventa de bienes muebles e inmuebles, entre otros.
El bien que se transmite debe estar ubicado en el territorio español. En caso de que el bien se encuentre en territorio extranjero quien lo adquiere debe tener su residencia en España. Las transmisiones de este tipo tributan de un 4 % a un 10 %, lo cual depende de la comunidad autónoma. También depende de las deducciones que deban aplicarse.
La persona obligada a pagar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) es quien adquiere el bien. Pero este puede variar de acuerdo con el tipo de transmisión que se realice, la forma como funciona es la siguiente:
Las transmisiones de derechos y bienes, quien debe pagar el impuesto es el adquirente del derecho o bien. Cuando se trata de un arrendamiento, el que debe pagar el impuesto es el arrendatario. Este será quien ocupe o utilice el bien inmueble que ha sido cedido en arrendamiento.
El caso de la constitución de derechos reales quien está obligado a pagar es la persona a la que se otorga ese derecho real. Estos son los derechos de vuelo, de servidumbre, de superficie, entre otros.
Cuando se trata de una concesión administrativa quien debe pagar es el concesionario o la persona que explota el bien. Esto debido a que se beneficia de una concesión administrativa.
El pago del impuesto de transmisiones patrimoniales debe hacerlo la persona que disfruta o se benéfica de cada transmisión.
El Estado establece de forma general todo lo relacionado con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Pero quien tiene la competencia de este impuesto son las Comunidades Autónomas son las que establecen la cantidad a tributar.
La cantidad a pagar por el impuesto de transmisiones patrimoniales va a depender del bien a gravar. La cantidad mínima estatal para el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es la siguiente, pero las Comunidades Autónomas aplican aumentos:
Cuando se trata de transmisión de bienes inmuebles el total a pagar por el impuesto es de 6 %. Si la transmisión es de bienes muebles el total a pagar por el impuesto es de 4%.
En los casos de la constitución de derechos reales de garantía el total a pagar por el impuesto es de 1 %. Este total también se aplica en las Operaciones Societarias.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es un impuesto estatal, cedido a las Comunidades Autónomas. Por esta razón lo debes pagar en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria donde realizaste la transmisión.
El plazo que tienes para realizar el pago son treinta días contados a partir de la firma del contrato de transmisión. Este pago lo debes presentar en los modelos 630, 600 o 620 según el impuesto que vayas a pagar.
La forma de pagar el impuesto puede ser presencial o telemática, lo cual va a depender de la Comunidad Autónoma.
Resolvemos las dudas más comunes sobre este impuesto que pagas cuando compras una vivienda de segunda mano, un coche usado o realizas otras operaciones patrimoniales.
Es un tributo que debes pagar a Hacienda cuando compras o vendes bienes muebles o inmuebles de segunda mano, como una vivienda o un coche. En realidad, se llama Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) y engloba tres impuestos diferentes: transmisiones patrimoniales onerosas (TPO), operaciones societarias (OS) y actos jurídicos documentados (AJD). Cada Comunidad Autónoma establece el porcentaje que debes pagar sobre el valor del bien adquirido.
Normalmente, quien paga el impuesto es la persona que compra o adquiere el bien. Si alquilas una vivienda, lo paga el arrendatario. En el caso de derechos reales como servidumbres o derechos de superficie, lo paga quien recibe ese derecho. Y si se trata de una concesión administrativa, lo paga el concesionario que explota el bien. En resumen, paga quien se beneficia de la operación.
Depende del tipo de bien y de tu Comunidad Autónoma. Como mínimo estatal, para bienes inmuebles es el 6% del valor, para bienes muebles el 4%, y para operaciones societarias o derechos reales de garantía el 1%. Sin embargo, cada Comunidad Autónoma puede aumentar estos porcentajes, llegando en algunos casos hasta el 10% para inmuebles. Te recomendamos consultar las tarifas específicas de tu comunidad.
Tienes un plazo de 30 días desde la firma del contrato de compraventa o transmisión para presentar y pagar el impuesto. Debes hacerlo en la oficina de la Agencia Tributaria de la Comunidad Autónoma donde se encuentra el bien o donde se realizó la operación. El pago se realiza mediante los modelos 600, 620 o 630, dependiendo del tipo de operación, y puedes hacerlo de forma presencial o telemática según tu comunidad.
Si no pagas en el plazo establecido, la Comunidad Autónoma puede iniciar un procedimiento de inspección fiscal. Esto significa que tendrás que pagar la cuota del impuesto más los intereses de demora acumulados, además de una multa sobre la cuota tributaria. Para evitar sanciones, es importante que presentes la declaración dentro de los 30 días posteriores a la operación.
Cuando no pagas el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la Oficina competente de la Comunidad Autónoma puede iniciar un procedimiento fiscal. El objetivo de este procedimiento es verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El no cumplimiento de las obligaciones tributarias conlleva a un procedimiento sancionador. El cual consiste en exigir el pago de la cuota del impuesto, con los intereses de demora que corresponden.
La sanción también conlleva una multa sobre la cuota tributaria establecida. Para evitar esta situación lo mejor es presentar la declaración en los plazos establecidos. Esto evita el inicio de un expediente inspector y un procedimiento sancionador.
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